Los ataques personales en los diversos espacios de los medios concesionarios de las cadenas de televisión en México, en contra de los ex senadores Bartlet y Corral, son la moderna versión del dicho popular: “Te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan”. Cuando menos dos de los magistrados de la SCJ captaron el mensaje y se excusaron de conocer el asunto de la inconstitucionalidad de la ley de la materia, en tanto que los otros –con la ley en la mano- procuraron no hacer muchas olas, habida cuenta de la comprensión del costo político de ponerse con Sansón a las patadas. En el foro de legisladores que tuvo lugar en la sede nacional del PRI, la ex senadora, ex dirigente nacional y ex gobernadora de Yucatán, puntualizó que “El gobierno debe recuperar la rectoría en el espectro radioeléctrico, que fue violado con la aprobación de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que en el centro de la reforma del Estado se ubica el derecho a la información y las atribuciones de la nación para planear la asignación y el desarrollo de esos recursos”. Desafortunadamente para los intereses de la sociedad en su conjunto, incluidos los que se sustentarían con la libre competencia entre empresas y concesionarios de los servicios de telecomunicación y radiodifusión, la ignominiosa prepotencia, salvajismo e insensibilidad con que se conduce el duopolio cobijado en un salvaje neoliberalismo, la discusión de este tema y su probable rectificación, parece estar condenada al fracaso. ¿Quién –en el contexto actual de supeditación- estaría dispuesto a arriesgar su carrera política e incluso su seguridad personal, para oponerse al poder omnímodo de los medios electrónicos?

El grupo foxista -artífice gubernamental de la llamada ley televisa- en una jugada casi suicida para sus correligionarios panistas- no repara en los costos de poner en predicamento total y sin condiciones, el sometimiento a los intereses mediáticos del presidente constitucional emanado de sus filas. Difícil será para el señor Calderón alcanzar su legitimación, entre más se caliente, sobre todo en la pantalla chica, el pleito al interior del PAN; porque si bien es imposible ocultar una serie de cosas que le ocurrieron al proceso electoral, da la impresión de que ellos mismos realizan un gran esfuerzo para alimentar en la inconsciencia de las masas la realidad de la guerra sucia del 2006. En esta estrategia para mantener vivo el recuerdo de las múltiples irregularidades que hicieron dubitable el resultado, quienes más ganan son los medios, en demérito del propio presidente de la república y el del pueblo subordinado por decisión unilateral, a una visión que no necesariamente abona a la armonía y la paz social. ¿Cómo pueden los ciudadanos, estar verazmente informados, si los golpes bajos de la radio y la televisión –con estas nuevas prácticas de supuesta libertad de expresión- en cada jornada electoral exhiben las miserias, los secretos sucios, las porquerías del sistema, los partidos e incluso las preferencias sexuales de cada actor político?

Como para curarse en salud, los concesionarios de los medios –en México y en otros países- pontifican todo lo negativo de una acción de Estado del presidente de Venezuela, por su negativa a renovar la concesión de un medio abiertamente opositor al gobierno. Y más allá de la coincidencia o desacuerdo con las formas y la línea política del señor Chávez, lo cierto es que en el proceso de acción y reacción, como apuntan tanto la señora Sauri y muchos otros grupos excluidos de los medios monopólicos -al servicio, no del pueblo sino de los intereses oligárquicos- es impostergable retener el derecho soberano de la nación sobre el espacio radioeléctrico. No hacerlo se equipara a una claudicación, por el abandono de las responsabilidades que tiene cualquier gobernante, con el riesgo de llegar a un punto en el cual no exista la alternativa de dar marcha atrás. Los actores políticos, en un momento de guerra -porque México vive hoy una guerra con el peligro de volverse incontrolable- están obligados a visualizar un futuro inmediato sin la posibilidad de hacer nada por el país, a menos que quieran recorrer el mismo camino del señor Hugo Chávez. Por la terrible actuación de un poder legislativo obsequioso, acostumbrado a aprobar por la vía del “fast trak, al fin que luego haremos las adecuaciones pertinentes” el gobierno siempre estará un paso atrás de la obligación de mantener el Estado de Derecho. El nieto del fundador de telesistema mexicano –que con todo y lo que pudiera decirse cuando menos daba la cara- ¿estará consciente de que en realidad estas medidas no le benefician a largo plazo y únicamente sirven a los intereses de un mundillo empresarial constituido por hombres de presa, sin límites en la explotación del país de todas las formas y manera factibles?. El ataque del imperio de la comunicación está a la vista; no perdona ni aun a los mismos ídolos que ha creado.

28 de mayo, 2007